El Escándalo Nuestro de Cada Día
Cuando un asunto de interés público te toca la fibra en más de un aspecto cercano a tu ser, no hay piedra que debes dejar sin descubrir para llegar hasta el fondo de los motivos para tal mezquindad.
El caso de la tala de árboles y palmas por parte del Departamento de Recreación y Deportes con el aval del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, denunciado en los medios y redes sociales esta semana pasada, causó gran indignación en nuestro pueblo.
A MI ME SACUDIÓ LAS ENTRAÑAS.
Cerro Gordo ocupa un lugar especial en mi corazón.
Allí tuve la dicha de pasar gran parte de los veranos de mi infancia y adolescencia. Conozco bien el área y es por esa razón que he denunciado situaciones que denotan la dejadez y el abuso gubernamental, socavando los cimientos de la comunidad y su potencial turístico como fuente económica para la autogestión.
He denunciado situaciones que denotan la dejadez y el abuso gubernamental, socavando los cimientos de la comunidad y su potencial turístico como fuente económica para la autogestión de los que allí han vivido toda su vida.
A estos efectos, durante las últimas semanas he denunciado los serios problemas que aquejan a la comunidad de Cerro Gordo, entre los que destaco como los más serios (que han ido a oídos sordos): La destrucción ambiental en la finca Cibuco; Las descargas de aguas usadas en el balneario, donde mismo se bañan las personas; La falta de acción por parte del @DRNAGPR y el Departamento de Salud, permitiendo el que metan a diario caballos al mar, atentando contra la integridad del ecosistema marítimo y la salud de los bañistas; Las descargas sanitarias a la playa en un tubo canalizado al final de la comunidad; Querellas por tubos rotos de AAA que no atienden por semanas, resultando en la pérdida de miles de galones de agua limpia, creando condiciones insalubres por acumulación de agua que fomenta la propagación de mosquitos; Investigando las diversas excusas que el Departamento de Agricultura ha interpuesto para no haber reconstruido la Villa Pesquera, ahorcando económicamente a los pescadores artesanales que son la comunidad…
A pesar del coraje y la tristeza, esperé antes de reaccionar con pasión, para tener los hechos que se puedan recopilar “desde acá afuera”, con los que formar una opinión a la luz del derecho vigente.
De la poca información disponible públicamente, se desprende que se que este burdo ultraje contra nuestra Madre Naturaleza de lo que trata es de dinero y poder.
Victimizados por el gobierno, estamos protagonizado nuestra propia película Avatar, y tenemos que dar la batalla por salvar nuestra amada isla.
El Departamento de Recreación y Deportes junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aparentan haberse puesto de acuerdo para ejecutar un plan que era casi perfecto.
Hasta que lo perpetraron contra la playa de mi infancia.
LO QUE NO TENGO CLARO ES QUE SEA LEGAL.
LE COMPETE, EN PRIMER TÉRMINO, AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA FEDERAL Y A LA JUNTA DE CONTROL FISCAL PASAR JUICIO SOBRE ELLO.
Ultrajar a una víctima que no podía gritar ni defenderse, a escondidas de un pueblo que mantienen a oscuras al no tener que rendirle cuentas durante la vigencia de la presente “Declaración de Estado de Emergencia” que nos mantiene a oscuras de las maniobras del gobierno.
Los funcionarios protagonistas de la Masacre de Cerro Gordo no contaban, sin embargo, que la indignación y coraje pueden a veces ser más poderosos que la autoridad y la impunidad que frecuentemente le acompaña.
¿QUIÉN, CÓMO Y PORQUÉ?
Lo que a continuación expongo responde al patrón de conducta caracterizada por la codicia y falta de transparencia que han sustituido al interés público como hilo conductor en la gestión gubernamental.
Uno de los tweets sobre este asunto incluyó retratos de dos páginas del contrato al amparo del cual supuestamente se realizó tan vil atropello contra la naturaleza.
El contrato que muestra el Tweet es un “Acuerdo Colaborativo” entre @DRNAPR y el DRD.
Al momento, el contrato que se muestra no está disponible para revisión por el público, pues no ha sido publicado en la página de la Oficina del Contralor.
Sin embargo, de los escuetos datos publicados en dicha página web se desprende que en la parte que se supone se especifique la partida de donde sale el pago del mismo, se expresa “n.a.”
De la poca información disponible del acuerdo, el mismo dispone que no podían cortarse árboles sanos.
PERO ESE NO ES EL VERDADERO ESCÁNDALO DETRÁS DE LA MASACRE DE CERRO GORDO.
La imagen del contrato que publicó por parte del representante Tatito Hernández muestra adherida una tarjeta de presentación de la compañía “Debristech”, con oficinas principales en Mississippi.
Cómo llegó “Debristech” aquí es materia para los periodistas averiguar.
Lo que si he podido corroborar es que DEBRISTECH es una compañía de recogido de escombros.
No reclama tener ningún tipo de expertise ambiental.
Su especialidad es la remoción y disposición de escombros y facturar a FEMA por ello.
Llegan detrás del huracán a recoger lo que el viento tumbó. Son expertos en recoger, limpiar y deshacerse de los escombros. Afirman en su página web que son un instrumento para “comunidades de todo el país…[para] Monitorear y documentar la remoción y eliminación de los escombros generados por la tormenta … proporciona orientación para la recuperación de desastres … [y] acceso en tiempo real a todos los aspectos de operaciones de eliminación de escombros “.
Como una máquina bien aceitada, también se enorgullecen del excelente sistema de facturación que paralelamente han desarrollado. Tiene mecanismos para la “detección automatizada de fraude incorporada [para] reducir el riesgo de actividades fraudulentas…’
A escasamente dos meses del paso del Huracán María por Puerto Rico, el 10 de noviembre de 2017, Debristech obtuvo permiso para hacer negocios en la isla.
Bajo las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017–047 declarando Estado de Emergencia por el Huracán Irma y la Orden Ejecutiva 2017–053 Declarando Estado de Emergencia por el Huracán María, según los registros de la Oficina del Contralor, en menos de dos semanas, el 29/11/17, el Ing. Carlos Contreras del Departamento de Transportación y Obras Públicas le habría firmado su primer contrato por $8,000,000.00. El contrato expresa que fue avalado por la Junta de Control Fiscal el 23 de noviembre del 2017.
La cuantía de ese primer contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas aumentó por $23,000,000.00 adicionales. De los registros de la Oficina del Contralor se desprende que el mismo ha tenido 8 enmiendas con esa agencia, para un total de TREINTA Y UN MILLONES DE DÓLARES ($31,000,000.00).
Como si la urgencia de restaurar la integridad de las carreteras vis a vis recoger árboles caídos en en áreas recreacionales por donde NO transcurren personas ni vehículos de motor se tratase de la misma gestión administrativa, y a DIECISIETE MESES Y MEDIO después del paso del huracán María, de los registros de la Oficina del Contralor se desprende que el 1ro DE MARZO DEL 2019, el Departamento de Recreación y Deportes otorgó el primer contrato con Debristech, LLC.
Enumerado el 2019–000116, el primer contrato del DRD con Debristech, LLC fue por la suma de UN MILLÓN CUATROSCIENTOS MIL DÓLARES ($1,400,000.00). La página de la Oficina del Contralor también muestra que se le han hecho dos enmiendas al contrato original, aumentando el monto total a DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SÉIS DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS ($12,587,466.30).
A pesar de que las enmiendas al contrato 2019–000116 aumentando las cuantías al mismo no están disponibles en la página web de la Oficina del Contralor, el contrato principal del cual surgen las mismas y cuyas primeras páginas se incluyeron en el tweet del Rep. Hernández, fueron suficientes para recopilar la información que a continuación se incluye.
Si tienes la paciencia de leer lo que con tanto esfuerzo he investigado, creo que al igual que yo concluirás que más allá de la codicia de algunos, el ultraje de Cerro Gordo fue posible debido a la ausencia de fiscalización estatal y federal.
SOBRE LAS IRREGULARIDADES DE LOS CONTRATOS OTORGADOS POR EL DRD
PRIMERO:
En la comparecencia del primer contrato 2019–00116 de fecha del 1ro de marzo del 2019 entre el Departamento de Recreación y Deportes y Debristech, LLC. comprarece a nombre de la agencia su Directora, Lcda. Adriana Sánchez Parés (“represented in this act by its Secretary, Adriana Sanchez Parés”),
…pero ella no es quien firma el mismo.
Sin explicación alguna, el contrato lo firmó “Maximino Díaz Guzmán” como “representante autorizado”. Irrespectivo de que el Sr. Díaz tuviese autoridad legítimamente conferida bajo la ley, ello no se desprende ni del contrato ni de los documentos unidos al mismo.
El documento tampoco hace referencia a autoridad legal ni documento alguno que acredite la legalidad de tal representación por parte del Sr. Díaz para otorgar ese contrato de una cantidad tan elevada.
Es decir: no solo no lo firmó la directora de la agencia que compareció en el contrato sin sustituto alguno, sino que además el que compareció a firmar no acreditó su autoridad legal para ello.
Puede alegar que el contrato fue ratificado, etc. pero ello no dispone de la falsa representación que surge de la faz del contrato.
SEGUNDO:
El primer contrato del DRD fue otorgado el 1ro de marzo del 2019. Adopta por referencia otro contrato otorgado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas basado a su vez en las Órdenes de Declaración de Estados de Emergencia 2017–47 y 53 dadas por virtud de los HURACANES IRMA Y MARÍA.
Ambas órdenes ejecutivas perdieron su vigencia el 30 de marzo del 2018. De la OE 2017–0053, se les concedió a las agencias hasta el 30 de junio del 2018 para legalizar cualquier contrato otorgado al amparo de las mismas.
El contrato 2019–00116 del DRD fue otorgado UN AÑO DESPUÉS de expirada la última de las dos órdenes ejecutivas al amparo de las cuales se aprobó el contrato — la OE 2017–053.
Asumiendo, arguendo, que podía darse por extendida la OE-2017–053 por los 90 días adicionales a los 6 meses de vigencia de la orden ejecutiva (hasta el 30 de junio de 2018), la Lcda. Adriana Sánchez Parés, como Directora del Departamento de Recreación y Deportes, no podía disfrazar contratación alguna de la agencia que ella dirige so color de un contrato aprobado en un momento dado en el que esas Órdenes Ejecutivas estaban en pleno vigor.
Los hechos hablan por sí solos.
TERCERO:
A tenor con lo anterior, al 1ro de marzo del 2019, el DRD no podía otorgar un contrato obviando los requisitos de licitación y subasta que la ley estatal impone a las agencias de gobierno.
Ante la ausencia de autoridad legal que mantuviese la vigencia de las OE 2017–0047 y 2017–0053 que eximian de los requisitos legales que no se observan durante estados de emergencia, el DRD tenía que llevar a cabo el proceso de licitaciones y llevar el contrato a subasta.
Le compete pues al Departamento de Justicia de Puerto Rico determinar qué, si algo, va a hacer con esta información.
Amerita señalar que las directrices de FEMA exigen que para que los gastos de recuperación de desastres sean susceptibles a reembolsos, el gobierno tiene que abrir las contrataciones a licitaciones.
En Puerto Rico, sin embargo, FEMA no es tan rigurosa como en los Estados Unidos y no parece observar con tanta rigurosidad los estándares contenidos en los reglamentos que vienen llamados a cumplir.
CUARTO:
La reglamentación de FEMA dispone que dada la diferencia en los trabajos que cada agencia realiza, no se favorece el que se “adopten por referencia” (“piggyback”) disposiciones contractuales de trabajos de emergencia contenidos en los contratos de otras agencias como hizo DRD en este caso.
El que una agencia creada para la recreación y el deporte “adopte por referencia” un contrato otorgado por otra agencia del gobierno dedicada a la integridad de su sistema vial, el cual ademá vela por la seguridad en el tránsito, no aparenta ser cónsono con los preceptos de transparencia en la contratación.
Por el contrario, la ausencia de paralelismos entre las agencias refleja un burdo intento de obviar los requisitos de ley, amparándose en unas órdenes ejecutivas expiradas.
QUINTO:
Luego de revisar en varias ocasiones el listado de contratos de la Junta de Control Fiscal, el cual se copió en la lista que aquí se incorpora, no aparecen los contratos otorgados por DRD como parte de los contratos que han sido avalados por esa entidad según lo exige la ley federal.
Ello, a pesar de que en el texto de una de las enmiendas al contrato original 2019–00116 se expresa:
Conforme a las disposiciones de PROMESA, y en la medida en que no aparenta haber mediado dispensa para el otorgamiento del contrato original y sus enmiendas otorgados DESPUÉS deexpiradas las órdenes ejecutivas decretando las emergencias por los Huracanes Irma y María, le compete a la Junta de Control Fiscal determinar si esos contratos están en violación de la ley federal y si han de ser honrados.
SEXTO:
Antes de conceder reembolso alguno, FEMA debería exigir evidencia de que (a) existían escombros causando un peligro inminente y (b) fueron causados por los Huracanes Irma o María. Conceder reembolso alguno bajo el Stafford Act al DRD por cortar árboles saludables para luego recoger los mismos sería contrario a las disposiciones de la propia ley.
Peor aún: colocaría a FEMA como parte integral del plan de colaboración entre DRD y DRNA.
FEMA puede corroborar a través de las redes sociales que desde el 2017 los trabajos de limpieza y recuperación de los senderos en Cerro Gordo se han llevado a cabo por voluntarios de la comunidad, corredores y ciclistas, no el gobierno.
Desde diciembre del 2017, voluntarios que frecuentan Cerro Gordo se enrollaron las mangas para limpiar y restaurar los senderos y áreas para el beneficio de sus visitantes.
Los voluntarios restauraron las áreas de Cerro Gordo de su propio pecunio y donaciones de entidades desinteresadas que apoyan el esfuerzo ciudadano de hacer el trabajo que el gobierno no realiza.
El grupo de “Cerro Gordo Mountain Bike Trail” — cuyos voluntarios también removieron escombros y han hecho trabajo de limpieza en Cerro Gordo el cual ahora, a tres años del Huracán María, se ha visto seriamente afectado por los actos del DRD. *
La mala fe, codicia y traición al interés público y a la madre naturaleza con la que DRD procedió se demuestra con el sencillo hecho que LO MENOS que procedía su directora hiciese era convocar una reunión con los líderes que han limpiado y mantenido el área de Cerro Gordo para solicitar su insumo en cuanto a que áreas, si alguna, necesitaban mantenimiento y poda.
De esta forma, el DRD podía lograr su meta de facturar a FEMA de forma legítima por la remoción de escombros verdaderamente ocasionados por los Huracanes María e Irma.
A tres años de la tormenta que nos quebrantó el espíritu, cuando Cerro Gordo había renacido gracias al esfuerzo de los voluntarios que trabajaron incansablemente para restaurar el área, DRD se encargó de destruir lo que era su deber reparar y nunca se molestó en atender: los caminos y áreas recreativas del Cerro Gordo amado por muchos.
No había necesidad de perpetrar el daño indiscriminado a las áreas, árboles y palmas que habían valientemente sobrevivido el embate de los huracanes para morir a las cobardes manos de los inescrupulosos intereses económicos de los ladrones de que cobardemente los mataron por dinero.
NADIE HA VISTO A LA MUJER DEL CÉSAR PASEARSE POR ESTOS LARES
La codicia por los fondos de FEMA por parte del gobierno nos ha llevado ha una vorágine de devastacion ambiental que ni las mismas tormentas ocasionaron.
Es mucho lo que elas autoridades deben investigar en torno a este asunto.
La arrogancia de algunos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico les hace pensar que sus actos de mendacidad nunca serán descubiertos.
Si sigo escudriñando, puede que destile muchas más razones por las que la Srta. Sánchez debería entender que nunca, nadie cuenta con el monopolio de la verdad.
El contrato al amparo del cual suponemos se realizó el saqueo de Cerro Gordo atenta contra la ley, la moral y el orden público.
Pero Ms. Sanchéz pensó que tenía la sartén por el mango.
La Masacre de Cerro Gordo y los contratos que llevaron a la misma ameritan una inmediata y exhaustiva investigación que conlleve la adjudicación de responsabilidades y la imposición de controles para que tal conducta no vuelva a repetirse.
El Departamento de Justicia Federal debe examinar la procedencia de estar pagando con fondos federales por el recogido de escombros que se crean para ser recogidos a tres años del paso de los fenómenos atmosféricos.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico debe evaluar los crímenes ambientales perpetrados por instrucciones de la Srta. Sánchez a la luz de unos contratos que por más de una razón son contrarios a la ley, la moral y el orden público.
Con total impunidad, los funcionarios públicos destruyen a sus anchas confiados de que nadie los fiscalizará y nadie los hará responsable de sus actos.
NO PERDAMOS LA CAPACIDAD DE INDIGNARNOS.
Yo no la he perdido.
EXIJAMOS LA RENUNCIA INMEDIATA DE LCDA. ADRIANA SÁNCHEZ Y QUE DE SU PROPIO PECUNIO PAGUE POR LA RESTAURACIÓN DE CERRO GORDO!
